La Ciudad de México no es un territorio que se libre de la crisis de desaparición que se vive en varias regiones del país. Hasta la primera semana de febrero, 3 mil 665 personas están reportadas como desaparecidas o no localizadas; en todas las alcaldías de la metrópoli hay casos. La mayoría de estos reportes se presentaron en los últimos tres años. Como en otros lugares, las familias son las que investigan y buscan.
Ciudad de México, 11 de febrero (A Donde Van los Desaparecidos).– A las 23:52 horas del viernes 28 de agosto de 2020, Karla Elena Ramírez Murrieta escribió su último y breve mensaje en WhatsApp: “También yo, hermana”. Una respuesta al “Te amo” de Itzel. Poco antes, compartió un audio: “Estoy acá en un evento, con unos amigos”. Además, envió su ubicación: el número 220 C de la avenida Tezozomoc, colonia San Miguel Amantla en la Alcaldía Azcapotzalco, sitio donde funcionaba El Barquito. Con la Ciudad de México en semáforo naranja por la pandemia de COVID-19, el bar celebraba su reapertura con varios DJ.
La fiesta finalizó con un desenlace trágico.
Esa tarde, al terminar su jornada de trabajo como comerciante de playeras en el Centro Histórico, Karla Ramírez, de 20 años, llegó a su casa en la Alcaldía Venustiano Carranza; escogió un pantalón de mezclilla, una blusa negra y tenis blancos. A las nueve de la noche, se trasladó al noroeste de la ciudad.
Casi al mismo tiempo, Cristoper Aguilar Hernández, de misma edad, cenó y tomó un baño en su hogar, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, después de trabajar en Tepito, donde vendía aguas de sabor. A su mamá, Natali Hernández, le dijo que iría a una fiesta. El muchacho vistió un pantalón de mezclilla, sudadera, gorra y tenis blancos. Como Karla, llegó al bar alrededor de las 22:00 horas.
Los dos jóvenes no se conocían.
Treinta minutos después de la medianoche, en el bar se escucharon disparos. Karla y Cristoper yacían en el suelo, en la calle, a unos pasos de la entrada del lugar. Testigos aseguraron que estaban heridos. Ella se encontraba boca abajo y él, a un lado, boca arriba. Así lo mostró un video de 15 segundos que fue enviado, en forma anónima, a sus familiares. Después, no se supo de ellos. Los desaparecieron.
Las dos familias comprobaron que así de fácil se podía desaparecer a personas en la Ciudad de México.
Karla y Cristoper están entre las 3 mil 665 personas que, hasta la tarde del 7 de febrero de 2022, se encontraban desaparecidas o no localizadas en la Ciudad de México. La mayoría de ellas, el 59 por ciento, fueron reportadas entre 2019 y 2021, de acuerdo con los datos públicos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). En lo que va de 2022, se tienen 80 casos.
Como muchos de quienes buscan a sus desaparecidos en la CdMx y en otras partes del país, las familias de Karla y Cristoper se han topado con autoridades que no investigan y que pierden evidencias.
Estas familias también se han encontrado con otras que, como ellas, se han transformado en investigadores y activistas que denuncian que la Ciudad de México no está exenta de las crisis de desaparición y forense que se vive en buena parte del país.
BARES, SITIOS DE DESAPARICIÓN
Karla y Cristoper forman parte de un grupo de 25 personas (seis mujeres y 19 hombres) a las que desaparecieron en cinco episodios ocurridos en diferentes fechas, a partir de 2013, y que tienen algo en común: las víctimas se encontraban dentro o cerca de un bar.
Quizá el caso más conocido es el que ocurrió en mayo de 2013, cuando hombres armados secuestraron a ocho hombres y cinco mujeres de Tepito, de entre 16 y 34 años, que estaban en el bar Heaven, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Tres meses después, sus cuerpos fueron encontrados en Tlalmanalco, Estado de México.
Un mes antes, el 21 de abril, cinco jóvenes de entre 15 y 27 años desaparecieron del bar Virtual en Lindavista, ubicado en Gustavo A. Madero. En la misma Alcaldía, el 29 de noviembre de 2019, Ángel Gerardo Ramírez Chaufón (20 años), Jesús Armando Reyes Escobar (30) y Leonel Báez Martínez (35) desaparecieron cerca o dentro de la cervecería La 22.
Una cámara del C5 mostró que, antes de las diez de la noche, los tres jóvenes que trabajaban en el Sanborns de Parque Lindavista se despidieron de sus compañeros en avenida Montevideo y calle Río Bamba, a unos metros de la cervecería.
El papá de Jesús Armando piensa que quizá “se los llevaron por error, por estar en el lugar equivocado”. Las autoridades de la Fiscalía —reprocha el señor Reyes—resguardaron el bar un año después de las desapariciones y lo hicieron por la presión de las familias.
María de Lourdes Romero, cuñada de Leonel Báez, indica que la familia está indignada por todo el tiempo que dejó pasar la Fiscalía sin revisar la cervecería. “¿Qué indicios encuentras tantos meses después? Sentimos que no hay ningún avance. Tras dos años no tenemos una línea de investigación”.
Un año después, el 20 de septiembre de 2020, desaparecieron los conductores de microbuses Marco González García (36) y su sobrino Eduardo Ramírez González (27). Su última ubicación conocida fue el bar Zona Flow, en la Alcaldía Álvaro Obregón.
El 29 de agosto de 2021, a un año de que se llevaron a Karla y Cristoper, sus familiares se reunieron afuera del bar. Vistieron playeras con los rostros de los jóvenes y tapizaron las paredes con volantes de búsqueda, donde se resalta la cifra de medio millón de pesos, la recompensa que por cada uno ofrece la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) a quien proporcione información que ayude a saber dónde están.
Las protestas han funcionado. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía, encomendó el caso a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, después de que las familias enfatizaron las omisiones e irregularidades de las autoridades desde el primer día.
El bar, por ejemplo, siguió funcionando. Si se clausuró, fue por los reclamos de las familias. La cámara del C5 que grababa el lugar cambió de perspectiva, justo cuando las personas salieron despavoridas del sitio. Vecinos reportaron la balacera, pero la policía llegó 25 minutos después.
Las familias de Karla y Cristoper han buscado en barrancos y terrenos baldíos que separan la Alcaldía Azcapotzalco del municipio de Naucalpan, en el Estado de México; así como en los servicios forenses de Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.
“Descubrimos muchas irregularidades desde el principio. Lo más importante sería saber en dónde están y de eso no hay pista”, reclama la mamá de Cristoper, Natali Hernández.
Itzel, hermana de Karla, explica que las familias son las que han investigado: “La mayoría del trabajo lo hemos realizado nosotros. Son muchas omisiones. Hay detenciones, pero (estas) pudieron haberse hecho antes”.
INVESTIGACIONES QUE NO AVANZAN
Así como las familias de Karla y Cristoper han investigado, también otras lo han hecho y han encontrado varias irregularidades que, remarcan, se transforman en obstáculos que impiden saber qué pasó con los suyos.
Mariela Vanessa Díaz Valerde, de 21 años, por ejemplo, desapareció el 27 de marzo de 2018. Lo que se sabe es que salió de casa, en la colonia Fuego Nuevo en la Alcaldía Iztapalapa, y no volvió. La joven de cabello largo y negro, estudiaba Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gabriela Díaz, su hermana, sospecha que fue raptada con fines de trata.
El caso lo investigó, primero, el extinto Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) y, después, la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para Gabriela, no hay diferencia: de todas formas no hay avances. La policía de investigación aseguró que no había cámaras en la zona, aunque ahí estaban las del C5 y de particulares. “Eso —considera— fue una negligencia. Tampoco se resguardaron las cámaras de Ciudad Universitaria, del metro y de las avenidas”.
La autoridad también ignoró que el teléfono de Mariela siguió activo después de la desaparición. Gabriela no olvida las palabras del agente del Ministerio Público: “Si está encendido, significa que está bien”.
“¿Qué clase de respuesta es esa? No se hizo nada. Es una frustración grande porque se supone que ellos deben ayudarte, pero resultan ser tus peores enemigos”. Semanas después de la desaparición, Gabriela creó en Facebook el perfil ¿Dónde está Mariela Vanessa?, al cual llegó un mensaje que alertaba sobre una joven raptada en una fecha cercana a la desaparición de su hermana. “Informamos sobre esto a la Fiscalía especializada, y respondió que no había reportes”, recuerda.
Meterse de lleno en la búsqueda significó enterarse de otras desapariciones de mujeres jóvenes en esa y otras colonias de Iztapalapa. “Lo hemos comentado a las autoridades, y no pasa nada”, dice Gabriela.
Como la familia de Mariela consideró que las autoridades ignoraron el caso y que la UNAM no dio respaldo, continúa Gabriela, estudiantes de varias universidades se sumaron para brindar acompañamiento. Ese fue el germen de Hasta Encontrarles CdMx. El colectivo comenzó con cinco casos y ahora son 17 familias.
La desaparición de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, estudiante de psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, también llevó a su familia a integrarse a colectivos de búsqueda en la CdMx y a formar su propia organización: Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos A.C.
Mónica fue secuestrada en el metro Martín Carrera en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en diciembre de 2004, cuando tenía 21 años. Su familia ha padecido su ausencia por más de tres lustros. “Hemos buscado en el río de Los Remedios, pero es difícil por la trayectoria. Los cuerpos se mueven”, resalta Martín Villalobos, su cuñado, integrante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y de la Fundación Mónica Alejandrina.
En la Ciudad de México se han creado, al menos, diez colectivos de familias con personas desaparecidas.
EVIDENCIA QUE SE PIERDE
Irma Martínez ha buscado en los bosques de Tlalpan a su hijo Felipe de Jesús Olvera Martínez, de 16 años, quien desapareció el 3 de marzo de 2019 en la colonia Primavera de esa Alcaldía. Hoy aún se pregunta: ¿por qué alguien se llevaría a un niño aficionado a los videojuegos, que apenas iba a la calle?
En su búsqueda, Irma descubrió que en la zona donde se encuentra la colonia, se reportaron otros casos de jóvenes desaparecidos. “Informé a la Fiscalía y me respondieron que no había relación (entre los casos)”.
Cuando ratificó la denuncia por desaparición en la Fiscalía especializada, un agente le preguntó para qué lo buscaba. Le comentó que si su hijo la quisiera, no se habría ido. “Me dijo que las mamás éramos buenas actrices”, recuerda. Irma encontró fortaleza en el colectivo Hasta Encontrarles CdMx.
“La Fiscalía no trabaja, no quiere buscar y pierde evidencia”, asegura Irma, quien buscó en los servicios forenses de la capital y del Estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Es testigo, dice, de la deficiente comunicación entre Fiscalías y forenses. “Se envían fotos, pero no tienen cómo identificar, no hay bases de datos ni lo necesario para trabajar”.
Irma soñaba que su hijo estaba en un lugar desconocido. Después, en otro sueño, Felipe le dijo que estaba bien, que ya no sufría. “Sospecho que ya no está con vida; de la forma que sea, quiero encontrarlo”.
Como Irma, Jessica Hernández conoce el alto grado de frustración que produce la inoperancia de la autoridad. Su hermana Alitze Hernández Aceves, de 23 años, desapareció el 26 de mayo de 2020, pero la Fiscalía de la CdMx tomó el caso más de un año después.
La estudiante de psicología de la UNAM abordó un taxi en Ecatepec, Estado de México, pero se le vio por última vez —como declaró el conductor del vehículo— en Tacubaya, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se reunió con su pareja, Alexis «N», principal sospechoso de la desaparició y hoy prófugo.
Un año tres meses después de la desaparición de Alitze, el 23 de agosto de 2021, la Fiscalía de la CdMx abrió una investigación por este caso. Y lo hizo como resultado de las reuniones y presiones del colectivo Hasta Encontrarles CdMx. Que la Fiscalía investigue, reclama Jessica, no ha producido algún cambio. Ella sigue sin tener alguna noticia de su hermana.
Para este reportaje, se solicitó entrevista con May Gómez Jiménez, titular de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero no hubo respuesta.
En abril de 2021, Gómez sustituyó a Willy Zúñiga, quien ocupó el cargo desde la creación oficial de la Fiscalía especializada, el 21 de septiembre de 2018. Colectivos y organizaciones acusan que en su gestión predominaron “los tropiezos y negligencias” en las investigaciones. Sobre Gómez, desconocen su perfil y los criterios para su elección. La versión pública de su currículum, que se puede consultar en la página de transparencia, no incluye ningún dato.
HAY DETENIDOS, PERO NO SE LOCALIZA A DESAPARECIDOS
Pasó más de un año para que se detuviera a tres presuntos responsables de las desapariciones de Karla Elena y Cristoper.
A Diego «N», alias «El Didi», lo arrestaron en diciembre de 2020. En julio de 2021, detuvieron a Iván «N», alias «El Cartier» y a quien se identifica como uno de los dueños del bar. En octubre de 2021 fue detenido el otro posible propietario, Saúl Fredy «N», papá de «El Cartier», quien durante varios años administró panteones en la Alcaldía Azcapotzalco, de acuerdo con información integrada en la carpeta de investigación y a la que tuvieron acceso las familias.
A finales de septiembre de 2020, tras las dos desapariciones, la Fiscalía efectuó búsquedas en los panteones San Isidro y Santa Lucía, en Azcapotzalco. Los familiares aseguran que no fueron notificados.
Información obtenida vía transparencia reveló que Saúl Fredy «N» era auxiliar de servicios desde 1991, en la entonces delegación Azcapotzalco. Documentos del sitio web de la ahora Alcaldía confirman que era titular de la jefatura de unidad departamental de panteones y velatorios. La Alcaldía respondió que esta persona “continúa como personal de base activo” y “a partir de la segunda quincena de octubre a la fecha (enero pasado) no se ha presentado a cobrar”.
Ninguna de las tres detenciones ha permitido la localización de los jóvenes.
Los tres presuntos responsables se reservaron el derecho a declarar y hoy enfrentan un proceso en el reclusorio Oriente.
CRISIS FORENSE, TAMBIÉN EN CDMX
Abraham N se encuentra en el reclusorio Oriente. Se le sigue un proceso judicial por el caso de Brayan Valencia García, de 16 años, quien desapareció el 6 de marzo de 2020, al salir de sus clases de preparatoria en Azcapotzalco.
El adolescente subió al carro de Abraham «N», expareja de Elizabeth García, mamá de Brayan. Policías encontraron el cuerpo de Brayan en una carretera; lo ingresaron a la morgue de la Subdirección de Servicios Periciales Tlalnepantla, Estado de México. Ahí estuvo durante tres meses y después fue enterrado en una fosa común.
Fue hasta un año después, el 29 de abril de 2021, que Elizabeth García recibió la notificación de que su hijo había sido identificado. También le dijeron que murió atropellado, pero no le entregaron un acta de defunción que así lo corroborara.
Desde que su hijo desapareció, Elizabeth García acudió al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la CdMx, en la colonia Doctores, donde le tomaron una prueba de ADN, como parte de la investigación que inició la Fiscalía especializada. Además, cada mes, durante todo un año, fue al servicio forense del Estado de México, porque fue en esa entidad donde se registró la última ubicación de Brayan.
En agosto de 2021, Elizabeth García logró recuperar el cuerpo de su hijo, después de un engorroso proceso: “Fue un calvario vivir esto, porque la autoridad no lo buscó cuando desapareció”.
El colectivo Hasta Encontrarles CdMx —que acompaña a la familia de Brayan— señala que la identificación del cuerpo tardó tanto tiempo “por los fallos en los registros” y la débil interlocución entre los forenses de la ciudad y del Estado de México.
La Ciudad de México no se libra de la grave crisis forense que vive el país, destaca Martín Villalobos Valencia, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos. Las cifras muestran que en la capital del país se han registrado 7 mil 903 cuerpos sin identificar desde 2006 y hasta mediados del 2021, de acuerdo con datos entregados vía transparencia por el Poder Judicial.
Villalobos, también miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, menciona que el Instituto de Ciencias Forenses, que depende del Poder Judicial, no cuenta con herramientas adecuadas de identificación.
Al menos en la Ciudad de México, dice, se debería construir una base de datos genética de personas que buscan a familiares, que permita contrastar las muestras procesadas de cuerpos. La capital, concluye Villalobos, “podría ser la cabeza en estos procesos de identificación. El titular del Incifo está amarrado de manos porque no hay presupuesto. Es una tragedia que, teniendo todas las posibilidades, no suceda”.
UNA COMISIÓN SIN RECURSOS
Un año antes de la desaparición de Karla y Cristoper, en junio de 2019, el gobierno local creó la Comisión de Búsqueda de Personas CdMx, dependencia actualmente acéfala. La extitular, Lizzeth Hernández Navarro, quien renunció al cargo en enero, carecía de información al día de los análisis de contextos de las alcaldías, necesarios para generar planes de búsqueda. Sus últimos datos eran de 2019.
En la entrevista, realizada en septiembre pasado, también reconoció que las cifras de los casos de personas desaparecidas con las que contaba estaban incompletas. Sus registros empezaban en junio de 2019, cuando comenzó a operar la comisión.
“Es una comisión pequeña. La estamos reforzando”, argumentó Hernández, maestra en Ciencias Forenses y Criminología y quien fue directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La comisión de la capital del país se creó sin respaldo ni fortalecimiento institucional, sostienen los integrantes del colectivo Hasta Encontrarles CdMx. Los 11 empleados con los que cuenta, argumentan las familias, no están capacitados y la dependencia no cuenta con insumos suficientes. Para 2021 su presupuesto fue de poco más de 15 millones 500 mil pesos.
“¿Qué haces con un presupuesto limitado? ¿Once personas para la búsqueda de personas desaparecidas en un área metropolitana con 20 millones de habitantes?”, pregunta Omaira Ochoa, integrante de la organización Justicia Pro Persona y quien también es integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda de la CdMx.
“En la comisión no tienen idea de qué hacer, no hay búsquedas efectivas, son mínimas y por presión de las familias. Las peticiones de un cambio han sido desoídas”, lamenta Mitzi Robles, integrante del colectivo Hasta Encontrarles CdMx.
Los integrantes de colectivos explican que en la CdMx los escenarios de búsqueda de personas desaparecidas son variados y complejos. Como en otros estados, los familiares escudriñan decenas de veces en el lugar de la desaparición y pegan volantes. Investigan posibles modus operandi y construyen líneas de investigación.
En la CdMx las búsquedas en campo comenzaron en el Ajusco en agosto de 2020. Fue convocada por la Red de Enlaces Nacionales, tras una denuncia sobre la existencia de cuerpos en la zona. En esa ocasión se hallaron huesos de manos y cráneos.
En junio de 2021, la Comisión de Búsqueda CdMx realizó acciones en el lugar, a solicitud de Jaqueline Palmeros, madre de Montserrat Uribe, de 21 años, desaparecida en julio de 2020 en la Alcaldía Iztacalco. En esa ocasión también se hallaron restos humanos.
Las familias del colectivo Hasta Encontrarles CdMx entienden perfectamente cuando otras víctimas que buscan a personas desaparecidas expresan cansancio físico y emocional. “Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Qué frustración, porque al final, pese a toda la presión, no sabemos dónde están”, protesta Itzel, la hermana de Karla, desaparecida en El Barquito.
Natali, mamá de Cristoper, también desaparecido en ese mismo bar, confiesa: “Estamos cansados. Nadie te prepara para enfrentar una crisis de este tamaño”.
